Lágrimas de cocodrilo en el primer conversatorio

Seguí con detenimiento el primer conversatorio sobre la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República el 23 de abril. Respecto al contenido de esa iniciativa ya he compartido algunas reflexiones en este espacio en las dos entregas anteriores. Afortunadamente existen indicios de que aspectos que configuran un riesgo de censura, sí serían modificados, pero habrá que ver hasta dónde alcanza para lograr que se acepten modificaciones en aspectos tan importantes como el relacionado con la posibilidad que se bloqueen plataformas digitales o que se requiera a los canales de televisión que tengan que solicitar permiso de la Secretaría de Gobernación para transmitir programas producidos con dinero extranjero.

Eso último, por ejemplo, está previsto en el artículo 201 de la iniciativa, y provocaría que canales que se ven en sistemas de televisión de paga, como CNN, Fox News, Deutsche Welle (DW), BBC, RTVE, Antena 3, RT (Russia Today), tengan que estar pidiendo autorización a una autoridad política sin contrapesos, sobre qué pueden meter en su programación y qué no. Es decir, tendrían que someterse al arbitrio de funcionarios de Segob, que se convertirían en una especie de jueces respecto de lo que pueden ver los mexicanos cuando se trata de programas producidos con dinero del exterior.

Ahora bien, por el lado de los aspectos de competencia hay varios aspectos que cuidar, sobre todo los que tienen que ver con la distribución de atribuciones entre la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la nueva Comisión Nacional Antimonopolio que se propone en la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica. Porque si algo debe estar claro, tanto en el gobierno de la presidenta Sheinbaum, como en el Senado de la República y la Cámara de Diputados es que en México aún no podemos presumir que existan condiciones de competencia efectiva.

Si bien la reforma de telecomunicaciones de 2013-2014 generó las condiciones para lograr que los mexicanos pudieran gozar de servicios de telecomunicaciones a mejores precios, el hecho de que en velocidades de banda ancha, fija y móvil, estemos no solo en los últimos lugares entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino peor aún, detrás de varios países latinoamericanos, nos indica que los mexicanos aún estamos pagando un precio escondido por no poder gozar de un servicio de banda ancha con velocidades comparables a las que ya gozan habitantes de otras regiones del continente.

Lo anterior es un signo inequívoco de que en México prevalecen condiciones que impiden que el sector pueda desarrollarse de una manera más eficiente, y cuando eso ocurre es simplemente porque en el mercado hay un agente que entorpece el desempeño de los demás, para así seguir manteniendo un férreo control.

Por eso, no dejan de sorprender lo que podríamos considerar casi como lágrimas de cocodrilo de quienes acudieron al Senado el jueves pasado para lamentarse frente a los senadores que a la empresa a la que representan, o la que les paga, la tienen atada de manos -desde su muy particular visión de lo que significa un entorno de competencia-. Utilizaron el primer conversatorio para describir a un pobre agente económico casi anémico que por la falta de apapachos no puede competir como él quisiera. Nada más alejado de la realidad que ese papel de víctima.

Varios operadores que le compiten al Agente Económico Preponderante en el Sector Telecomunicaciones (AEPT) documentaron y denunciaron ante el IFT en los últimos 11 años, que ese agente incumplió de manera reiterada diversas obligaciones específicas que se le impusieron para permitir generar condiciones “como si el mercado funcionara en condiciones de competencia”, tal como lo preveían la Constitución y el marco legal. Sin embargo, lamentablemente para el mercado y para los usuarios de servicios de telecomunicaciones en México, el IFT casi no le impuso sanciones, en comparación con el cúmulo de expedientes que se le abrieron a ese operador.

Ello manda un mensaje desalentador para los que quieren competir de verdad en México: cuando el agente económico que controla la mayor parte del sector telecomunicaciones se porta mal, es casi improbable que se le sancione y se vea obligado a corregir su conducta, en perjuicio de los mexicanos.

*El autor es economista.