Ley telecom, ¿todo el control al gobierno?
En materia de telecomunicaciones, México avanza desde un modelo de mercados en competencia, a uno donde donde el gobierno federal busca ser operador, regulador y autoridad, al mismo tiempo.
De aprobarse la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, desalentará las futuras inversiones, puede contravenir los tratados internacionales de los que México es parte, y dejaría a la industria con menos protección que la que tienen, incluso, giros negros.
En tal iniciativa de ley es patente la ausencia de medios ordinarios de defensa para la industria que sólo tendría el amparo indirecto, sin goce de suspensión, para su protección, ante las violaciones de actos de autoridad y las sanciones que se indexan a los ingresos brutos anuales de los operadores.
Con el agravante de que todo estaría sujeto a la decisión de una sola persona, aquella que encabece la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) lo que abriría espacio a la discrecionalidad propia de las coyunturas políticas.
La ATDT sería la única autoridad a nivel federal en materia de despliegue de infraestructura y se crearía una problemática de inseguridad jurídica para los concesionarios en materia de contribuciones y contraprestaciones.
Ese es en términos generales el diagnóstico que realiza la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Tecnologías de la Información (Canieti) luego de la revisión de la iniciativa de ley que sigue sujeta a discusión.
La organización sostiene que lejos de corregir excesos contenidos en la legislación aún vigente, los aumenta.
Enlista los principales puntos de preocupación para la industria de las telecomunicaciones:
Contempla un arreglo institucional basado en una sola persona que depende directamente del Ejecutivo Federal.
Prevé el otorgamiento de concesiones comerciales al Ejecutivo Federal para que compita directamente en el mercado minorista y propone que el gobierno provea servicios a usuarios finales con fines comerciales, directamente, o a través de una asociación público privada.
Además establece la asignación directa de concesiones de espectro radioeléctrico para uso comercial a dependencias y entidades del Ejecutivo, sin contraprestación.
Elimina la definición de neutralidad a la competencia. Lo que implica un régimen de exclusión para el Estado cuando opera como concesionario comercial.
También dota de facultades regulatorias amplisimas a la ATDT y de facto legislativas con lo que podría afectar la autonomía de la autoridad de competencia.
Faculta a la ATDT para otorgar autorizaciones para uso del espectro radioeléctrico sin licitación pública, mediante autorizaciones para redes de radiocomunicaciones inteligentes y para áreas comerciales e industriales.
Esas, entre muchas otras, disposiciones de la iniciativa de ley le preocupan a Canieti, que conmina a las partes a trabajar coordinadamente para construir una legislación que beneficie a la industria y a los usuarios.
Lo cierto es que la iniciativa de ley, tiene muchos elementos que denotan un retroceso en el mercado de las telecomunicaciones en México, que ha tenido un notable desarrollo, en virtud precisamente de la competencia. Al tiempo.
Pemex, la sombra de la sospecha
La mala noticia es que la sospecha de actos de corrupción en Pemex hizo que el fondo de inversión noruego Norway Wealth Fund vendiera todas las inversiones de renta fija que tenía en la mexicana.
El consejo de ética del fondo sostiene que sus investigaciones revelan que Pemex podría estar vinculada a múltiples acusaciones o sospechas de corrupción durante el periodo 2004-2023. Se trata del fondo soberano más grande del mundo.
¿Qué efecto tendrá en el perfil de la deuda de la petrolera? ¿Qué reacción tendrán otros tenedores de deuda de Pemex? A la delicada condición financiera de Pemex, se suma la corrupción, sea cual fuere el tiempo en que ésta se haya registrado. La consecuencia se está registrando ahora. Es doblemente preocupante, porque ahora el destino de Pemex, está directamente ligado al del gobierno mexicano, por el soporte financiero absoluto que le brinda. Al tiempo.
Eleconomista
