La Fiscalía pide tribunales especiales para luchar contra la corrupción política

¿Tienen los políticos un interés real por perseguir la corrupción? El hecho de que nunca se haya querido impulsar la creación, a través de alguna propuesta legislativa, de juzgados especializados para garantizar la eficacia en la persecución, enjuiciamiento y condena a los corruptos pone en duda que así sea. Es lo que se desprende, al menos, de los datos ofrecidos por la memoria anual de la Fiscalía presentada la semana pasada.

En el apartado relativo a la Fiscalía Anticorrupción, su máximo responsable, Alejando Luzón, advierte que lleva ocho años reclamando sin éxito la creación de tribunales especializados, necesarios para poder sacar adelante sus investigaciones. Hace años que se está alertando de la necesidad de jueces específicos en esta materia para garantizar un adecuado enjuiciamiento, como ya ocurrió en el 2003 con la creación de los juzgados de lo Mercantil para resolver los conflictos que había con los bancos y cajas, y en el 2004 con los juzgados de violencia sobre la mujer. “Pero hasta la fecha no se ha llevado al Parlamento proyecto alguno en la dirección de crear un órgano especializado en la fase de enjuiciamiento de unas conductas que se investigan en procedimientos de extraordinaria complejidad y trascendencia política, económica y social”.

El caso Montoro ha estado siete años bajo secreto y el caso Pujol espera ser enjuiciado trece años después

Luzón sostiene que lo más parecido a un órgano especializado en materia económica es la Audiencia Nacional y “no lo es en puridad”. Los jueces no estan especializados y sus competencias dejan fuera numerosos delitos de contenido económico.

Esta reclamación tiene ahora mayor valor en un momento que han vuelto a asomar casos de corrupción en la primera línea de la política con el caso Koldo, que afecta a dos ex pesos pesados del PSOE. En su día, el juez Pablo Ruz tuvo numerosos problemas para instruir el caso Gürtel, y sobre todo la caja b del PP, cuando estaba Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno. A trancas y barrancas, la instrucción acabó saliendo adelante. Todavía, 16 años después de que estallara el caso, queda pendiente de enjuiciamiento alguna de las piezas.

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Y es eso precisamente lo que alertan fuentes de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía. El nulo interés que existe de que las investigaciones se lleven a cabo de manera eficaz. La falta de medios, la falta de juzgados, la falta de jueces, la falta de interés y la falta de especialización crean un cóctel perfecto para que la corrupción quede de una manera u otra impune. Porque, según explican estas fuentes, un juicio 10 o 15 años después no es justicia. Los investigados además lo saben y en muchas ocasiones enmarañan los asuntos con recursos que provoca que se eternicen las causas.

Fuentes de la lucha anticorrupción reconocen las dificultades, cada vez mayores, para avanzar en las investigaciones contra la corrupción política. Que no haya jueces especializados es un primer problema, al que se une el poco interés real de las administraciones para destapar irregularidades. Estas fuentes advierten que desde hace tiempo se ha detectado que dentro de la policía, la lucha contra la corrupción ha dejado de ser una prioridad. pese a que de los últimos datos del CIS se desprende que la corrupción es la segunda preocupación de los españoles, después de la vivienda.

Cuando por fin llega una condena, a veces hasta dos décadas después tras los recursos, los corruptos logran rebajas de penas considerables por dilaciones indebidas

Es cierto que recientemente se han destapado varios casos, singularmente el ya mencionado caso Koldo, impulsado por Anticorrupción y la unidad central operativa (UCO) de la Guarda Civil, en el que están investigados el ex ministro José Luis Ábalos y el ex secretaria de organización del PSOE Santos Cerdán. Sin embargo, está en sus inicios, sin saber cómo acabará. Estas fuentes recuerdan también el caso Montoro, contra el exministro de Hacienda, que un juez de Tarragona ha mantenido durante siete años bajo secreto de sumario. Los abogados intentan ya anular la causa.

Un caso paradigmático es el de los Pujol. Se inició con una denuncia en el año 2012. Hasta el 2020, se estuvo instruyendo la causa, esperando informes policiales, de la Agencia Tributaria, comisiones rogatorias y la labor propia del juez y fiscales. Aunque se acordó la apertura de juicio oral en el 2021 contra el expresidente catalán Jordi Pujol, su mujer y sus hijos, el juicio todavía no se ha celebrado. La previsión es que empiece en noviembre. En este tiempo, la esposa del exdirigente de CiU Marta Ferrusola ha fallecido y Pujol tiene 94 años. Su imagen en el banquillo 13 años después de que se iniciase la investigación va a ser un fiel reflejo del problema.

Desde la Audiencia Nacional ya se han reclamado dos juzgados más, jueces de refuerzo, nuevas secciones de enjuiciamiento. Pero la realidad es que cuando por fin llega una condena, a veces hasta dos décadas después tras los recursos, los corruptos logran rebajas de penas considerables por dilaciones indebidas. Como bien recuerdan los juristas con una célebre frase: “una justicia lenta no es justicia”.

El fiscal general estudia recurrir la fianza

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es uno de los responsables públicos que irán a juicio. En su caso, en un año la justicia ha revisado una denuncia contra él por presuntamente revelar información confidencial del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la ha instruido, le ha procesado y llevado a juicio, que se celebrará en los próximos meses.En la última resolución, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado le impuso una fianza de 150.000 euros para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias en caso de ser condenado. Fuentes fiscales explican que García Ortiz está reuniendo la fianza para ser aportada la semana que viene porque en caso de no hacerlo se le embargarán sus bienes hasta llegar a la cantidad.No obstante, el fiscal general del Estado está estudiando recurrir la cantidad de la fianza, lo que no le exime para pagarla hasta que se resuelva el posible recurso. En los próximos días también deberá entregar su escrito de defensa en el que volverá a defender que él no reveló datos confidenciales.